RG 7/15 IGJ MODIFICACACIONES INTRODUCIDAS EN MATERIA CONTABLE. CAMBIOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA.

La RG 7/15 IGJ entró en vigencia el 2 de noviembre de 2015 reemplazando la RG 7/2005 con el objetivo de reordenar y unificar en un mismoRG 7-15 IGJ cuerpo normativo las distintas resoluciones complementarias y modificatorias que han sido dictadas a lo largo de los últimos 10 años y también por la necesidad de adecuarse a las modificaciones introducidas por la Ley 26994 Código Civil y Comercial, a la ahora llamada Ley General de Sociedades 19550.

ESTADOS CONTABLES. NORMAS TÉCNICAS.
El Art. 305 mantiene la necesidad de confección de los EECC bajo las RT pero establece algunas salvedades en la aplicación de las mismas. En general las salvedades que establecía la RG IGJ 7/2005 se mantienen con las siguientes variaciones:
– Se elimina la imposibilidad de dar tratamiento especial para los costos financieros de las deudas que financien inversión en grande obras de infraestructura, y que se devenguen con posterioridad a la habilitación total o parcial de la obra (RT 17, punto 4.2.7).
– Se admitirán certificaciones literales de contador público independiente sobre EECC, siempre que se acrediten circunstancias excepcionales.
– Revaluos técnicos
Se incorporan las disposiciones de la RG 4/2015, en la cual se establece que las S.A. y las S.R.L. cuyo capital alcance los $ 10 millones, podrán contabilizar en su Patrimonio Neto revalúos técnicos de bienes de uso o de naturaleza similar, mediante un procedimiento y trámite que deberá ser comunicado previamente a la IGJ.
Los revalúos técnicos de bienes de uso (excepto activos biológicos) y de propiedades inmuebles de inversión, se deben regir por las disposiciones de la RG IGJ 7/2015 y no son de aplicación las modificaciones introducidas por la RT 31.
– Se incorporan las disposiciones de la RG IGJ 11/2012 de acuerdo con la cual, las sociedades controladas, controlantes, subsidiarias o vinculadas a las que hacen oferta pública de sus acciones o debentures, podrán presentar ante IGJ sus EECC conforme la NIIF (RT 26).
– Se admiten los criterios de medición y exposición sobre beneficios a los empleados posteriores a la terminación laboral y otros beneficios a largo plazo (RT 23).
– No son de aplicación las modificaciones introducidas por la RT 39 en relación con la moneda homogénea. Se retrotrae a las normas previas. Permanece vigente Dto. 664/03 se prohíbe el ajuste por inflación desde 3-2003 y se debe hacer mención en notas que no se hace ajuste.
– Lo que califican como “Entes Pequeños” de acuerdo a lo establecido por la RT 41, pueden presentar sus EECC conforme a las pautas allí establecidas.
– Aportes Irrevocables
El Art. 315 modifica el plazo dentro del cual debe definirse el destino de los aportes. La RG IGJ 7/2005 establecía que su capitalización o restitución debía resolverse dentro de los 180 días corridos desde su aceptación por el órgano de administración. La nueva RG IGJ 7/2015 dispone en cambio que debe resolverse el destino dentro del ejercicio económico en que se hayan aceptado, plazo que asimismo se contará desde su aceptación por parte del órgano de administración.

GARANTÍA DE LOS ADMINISTRADORES
Se establece que el monto de la garantía no puede ser inferior al 60% del monto del capital social en forma conjunta entre todos los titulares designados (anteriormente señalaba que no podía ser inferior a $ 10.000)
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en ningún caso el monto de la garantía podrá ser inferior en forma individual a $ 10.000 ni superior a $50.000, por cada director o gerente, es decir, mínimo de $ 10.000 y máximo $ 50.000 en forma
individual. (Modificación introducida por RG 9/15 IGJ)

CONSTITUCION DE SOCIEDADES
– Personas
La Resolución 7/15 mantiene el requisito de pluralidad sustancial de socios.
Admite la SAU, a la que prohíbe que se constituya o sea participada por otra SAU.
En cuanto a los fideicomisos, la Resolución 7/15 requiere la inscripción previa de su contrato en IGJ a los efectos de que pueda participar en sociedad local.
– Denominación
Se modifica el requisito de “inconfundibilidad” por el de “aptitud distintiva”.
– Objeto
Se elimina el requisito de objeto único reemplazándolo por la exigencia de que el objeto debe ser expuesto en forma precisa y determinada. Sin perjuicio de ello, la Resolución 7/15 menciona que no se admite la constitución de sociedades o reformas de objeto social que contemplen la exposición de un objeto múltiple.
A los efectos de incorporar actividades que no sean conexas, accesorias o complementarias del objeto, el requirente deberá fundar su solicitud en términos jurídicos – económicos.
– Capital Social
Se mantiene el criterio de que el capital debe guardar relación con el objeto.
Se exigirá un capital mínimo para las S.R.L., representativo del 30% del capital social exigido para las Sociedades Anónimas (Ley General de Sociedades), es decir, $ 30.000
En el caso de aportes de bienes registrables: Incorpora la posibilidad de que la justificación del valor asignado a un inmueble sea suscripta por martillero público matriculado con título expedido por universidad (anteriormente solo se aceptaban valuaciones de peritos).

DICTAMENES PROFESIONALES
Incluye en el Dictamen de Precalificación Profesional 2 nuevos requisitos:
1. Identificar a la persona: individualizando a los beneficiarios finales de las personas jurídicas. . En este sentido, se aclara que de acuerdo con el Artículo 510 de la RG IGJ 7/2015, son beneficiarios finales las personas humanas que tengan como mínimo el 20% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica.
2. Miembros del órgano de administración: que no figuren en las listas de terroristas conforme el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Pueden hacer la consulta en la pagina de la UIF en el siguiente link https://www.uif.gov.ar/lut/Vista/List-of-terrorist.aspx

Compartilo!
Share

Derecho real de tiempo compartido. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación – Ley N° 26.994

Derecho real de tiempo compartido Por Dario Rajmilovich*– Thomson Reuters La Ley 1. Introducción El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) sancionado por Ley N° 26.994, incorpora en el Libro Cuarto (Derechos reales), Título VI (Conjuntos inmobiliarios), el Capítulo 2 (artículos 2087 a 2102) lo relativo al derecho real de “tiempo compartido”. En tal alcance, el art.2087 … Leer mas

Compartilo!
Share

¿Mayor fortaleza del cliente frente al banco con el que opera?

¿Mayor fortaleza del cliente frente al banco con el que opera? Por Ernesto Eduardo Martorell* – Thomson Reuters La Ley La puesta en vigencia –el primero de agosto de 2015- del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación implicó en los hechos, no solo la inclusión en la normativa vigente en nuestro país de la regulación de nuevas figuras … Leer mas

Compartilo!
Share

Fideicomisos de garantía. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación – Ley N° 26.994

Fideicomisos de garantía Por Dario Rajmilovich* – Thomson Reuters La Ley 1. Introducción El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) sancionado por Ley N° 26.994, incorpora en el art.1680 la regulación del “fideicomiso en garantía”, dentro de la Sección 2da. (Sujetos) del Capítulo 30 (Contrato de fideicomiso) del Título IV (Contratos en particular) del Libro Tercero (Derechos … Leer mas

Compartilo!
Share

Menores de edad, incapaces de ejercicio y sus representantes. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación – Ley N° 26.994

Nuevo codigo civil y comercialPor Dario Rajmilovich – Thomson Reuters La Ley

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) sancionado por Ley N° 26.994 dispuso distintas modificaciones con relación a los incapaces, creando la categoría de “incapaces de ejercicio”. Asimismo, dispuso reformas en el régimen de administración de bienes y rentas de los menores de edad.
En esta colaboración comentaré los efectos que la reforma del CCyCN genera en el régimen de responsabilidad en materia tributaria, a la luz de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Fiscal (Ley N° 11.683 -T.O. 1998 y sus modif.-), artículo 5° a 10.
Las modificaciones objeto de análisis son las siguientes:
1.1. Capacidad de ejercicio
El principio general del CCyCN indica que toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en el Código o en una sentencia judicial (art.23).
Dentro de las excepciones, el art.24 establece que son incapaces de ejercicio:
– las personas por nacer;
– las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la Sección 2ª del Capítulo 2 (capacidad) de su Libro Primero;
– las personas declaradas incapaces por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en la sentencia.
El art.31 establece las reglas generales sobre restricciones a la capacidad, a saber (en cuanto hace a nuestro interés):
– la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial;
– las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona;
El art.32 establece que el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes.
En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios (art.43), especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona; solo por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador.
El art.43 define como “apoyo” a cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general, cuyo propósito promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos.
La resolución judicial que decide sobre las medidas de apoyo, debe establecer su condición y calidad, y su inscripción en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.
El art.48 establece que pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. A estos fines, se considera persona con discapacidad, a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. La acción sólo corresponde al cónyuge, conviviente y a los ascendientes y descendientes.
La declaración judicial de inhabilitación importa la designación de un apoyo, que debe asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los demás actos que el juez fije en la sentencia.
El art.100 establece como regla general que las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí.
Son representantes de los incapaces (art.101):
– de las personas por nacer: sus padres;
– de las personas menores de edad no emancipadas, sus padres. Si faltan los padres, o ambos son incapaces, o están privados de la responsabilidad parental, o suspendidos en su ejercicio, el tutor que se les designe;
– de las personas con capacidad restringida, el o los apoyos designados cuando, conforme a la sentencia, éstos tengan representación para determinados actos;
– de las personas incapaces en los términos del último párrafo del art.32 (1) , el curador que se les nombre.
1.2. Menores de edad
El art.25 CCyCN establece que menor de edad es la persona que no ha cumplido dieciocho años. Asimismo, se denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió trece años.
El art.26 dispone como principio que los menores de edad ejercen sus derechos a través de sus representantes legales, pudiendo ejercer por sí los actos permitidos por el ordenamiento jurídico (sujeto a contar con la edad y grado de madurez suficiente que se requiera en cada caso).
El art.27 dispone que la celebración del matrimonio antes de los dieciocho años emancipa a la persona menor de edad, lo que significa que dicha persona goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas en el Código. Así por ejemplo, el emancipado requiere autorización judicial para disponer de los bienes recibidos a título gratuito (art.29). El menor de edad que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización, teniendo la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ella (art.30).
El art.685 establece por regla que la administración de los bienes del hijo es ejercida en común por los progenitores cuando ambos estén en ejercicio de la responsabilidad parental (salvo que ellos acuerden que uno de ellos administre los bienes del hijo, cfr. art.687), mientras que los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por cualquiera de los progenitores.
El art.686 exceptúa de la regla de administración de los bienes de los menores a los siguientes bienes:
– los adquiridos por el hijo mediante trabajo, empleo, profesión o industria, que son administrados por éste, aunque conviva con sus progenitores;
– los heredados por el hijo por indignidad de sus progenitores;
– los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante o testador haya excluido expresamente la administración de los progenitores.
El art.697 dispone que las rentas de los bienes del hijo corresponden a éste. Los progenitores están obligados a preservarlas cuidando de que no se confundan con sus propios bienes. Sólo pueden disponer de las rentas de los bienes del hijo con autorización judicial y por razones fundadas, en beneficio de los hijos.

2. El régimen de representantes y los menores de edad frente a la responsabilidad tributaria.
El art.6° de la Ley N° 11.683 (la Ley) dispone que son responsables del cumplimiento de la deuda ajena (2):
– El cónyuge que percibe y dispone de todos los réditos propios del otro;
– los padres, tutores y curadores de los incapaces;
– los síndicos y liquidadores de las quiebras, representantes de las sociedades en liquidación, los administradores legales o judiciales de las sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos;
– los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el art. 5º, inc.b) y c) de la Ley (3);
– los administradores de patrimonios, empresas o bienes que en ejercicio de sus funciones puedan determinar íntegramente la materia imponible que gravan las respectivas leyes tributarias con relación a los titulares de aquéllos y pagar el gravamen correspondiente; y, en las mismas condiciones, los mandatarios con facultad de percibir dinero;
– los agentes de retención y los de percepción de los impuestos;
– los responsables sustitutos, en la forma y oportunidad en que, para cada caso, se estipule en las respectivas normas de aplicación.
La nueva normativa del CCyCN genera los siguientes efectos en torno al régimen de responsabilidad por el cumplimiento de la deuda de terceros previsto por la Ley:
(i) La referencia a los curadores debería incluir a otros representantes de los incapaces de ejercicio (p.ej. los apoyos de los art.32 y 48 CCyCN).

(ii) La referencia a los padres no debería comprender los bienes adquiridos por el hijo emancipado (bienes derivados del trabajo, empleo, profesión o industria) que son administrados por éste, aunque conviva con sus progenitores, los heredados por el hijo por indignidad de sus progenitores, y los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante o testador haya excluido expresamente la administración de los progenitores (art.686), y las rentas de los bienes del hijo (art.697 CCyCN).

Tales inferencias requieren –a mi juicio- de una modificación en la Ley.
En el interin, mientras no se dicte la modificación legal en el punto (i) anterior en mi opinión queda una laguna legal generadora de una orfandad de responsabilidad en el ingreso del tributo a favor del Fisco, al carecer el contribuyente de capacidad de ejercicio (es decir ser titular del “debitum” u obligado legal) y de responsable de la deuda ajena designado por la Ley (solo los curadores están designados, no los apoyos). En el punto (ii) anterior, la consecuencia es la misma ya que de acuerdo al copete del art.6 Ley, los responsables del cumplimiento de la deuda de terceros, lo son exclusivamente “con los recursos que administra, perciben o que disponen”, presupuesto que no se verifica en el caso de tales bienes y rentas cuya administración detenta el menor de edad.
Asimismo, otra consecuencia se verifica en el régimen de atribución de rentas a efectos del impuesto a las ganancias respecto de los supuestos consignados en el punto (ii) anterior.
En tal sentido, el art.31 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (LIG) establece que las ganancias de los menores de edad deberán ser declaradas por la persona que tenga el usufructo de las mismas, a cuyos efectos las ganancias del menor se adicionarán a las propias del usufructuario.
Bajo el CCyCN el usufructo lo tiene el menor, por lo que la norma del art.31 se torna redundante. La consecuencia es que los menores deben imputar tales rentas (antes, el padre o tutor), lo que impone la derogación de dicha norma y una aclaración reglementaria.
Por el contrario, el art.2° del Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales (DRLIBP) dispone en su segundo párrafo que los padres que ejerzan la patria potestad -o, en su caso, al que le corresponda ese ejercicio- y los tutores o curadores declararán, en representación de sus hijos menores y sus pupilos, los bienes que a éstos pertenezcan.
Es decir, los menores se atribuyen los bienes en cuestión a los efectos del gravamen, situación que se mantiene bajo el CCyCN.
La norma reglamentaria en cuestión, no obstante, requiere el aggiornamiento indicado respecto de los casos de menores emancipados y otros supuestos en que el menor (y no los padres o tutor) tienen la administración y disposición de los bienes. Esta situación amerita una modificación en el texto del DRLIBP.


(1) Persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes.

(2) Estando obligados a pagar el tributo al Fisco, con los recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquéllos o que especialmente se fijen para tales responsables bajo pena de las sanciones de la ley.

(3) b) Las personas jurídicas del CCyCN y las sociedades, asociaciones y entidades a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho.
c) Las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no tengan las calidades previstas en el inciso anterior, y aún los patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean considerados por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible.


Thomson Reuters es el proveedor líder mundial de soluciones e información inteligente para empresas y profesionales. Combinamos amplia experiencia de mercado con tecnología innovadora para proporcionar información esencial a los principales tomadores de decisión en los mercados financieros, de riesgo y compliance; jurídico; tributario, contable y de gestión de comercio exterior; de propiedad intelectual y ciencia; y de medios de comunicación, impulsada por la organización de noticias más confiable y prestigiada del mundo. Las acciones de Thomson Reuters Acciones de Thomson Reuters cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: TRI) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: TRI). www.thomsonreuters.com

Compartilo!
Share